Mientras el Senado provincial analiza la reforma de la ley 7.629 de Corredores Inmobiliarios, que tiene media sanción de Diputados, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y referentes del sector piden frenar los cambios y abrir un debate plural para actualizar la normativa de acuerdo a la realidad del mercado, la digitalización y las nuevas modalidades de negocios.
En un comunicado oficial, CAMESI expresó su “profunda preocupación” frente al proyecto de reforma de la Ley 7629 de Corretaje Inmobiliario. “El texto no moderniza ni protege: encarece, limita y concentra”, advirtió Mariano García Malbrán, presidente de la entidad y director de Keymex Latam y Argentina.
Según CAMESI, la iniciativa impulsada por el CUCIS restringe la libre competencia y la libertad de empresa; prohíbe la asociación con terceros y exige mantener oficinas físicas, limitando la innovación; excluye a modelos modernos de negocio como franquicias y plataformas digitales; y consolida un monopolio que perjudicaría a corredores, emprendedores, consumidores e inversores.
“La reforma, lejos de impulsar el desarrollo y la competencia, tiene como único objetivo beneficiar a unos pocos en desmedro de todos los actores del sector”, afirmó García Malbrán, quien llamó a los senadores provinciales a rechazar el proyecto y a impulsar “un marco regulatorio moderno y equilibrado”.
La advertencia sobre la inseguridad jurídica
En diálogo con IN Salta, referentes del sector fueron aún más categóricos al señalar que la media sanción aprobada en Diputados es “gravísima” para Salta.
“Se trata de una legislación que va de contramano con el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre materias en las que la provincia no tiene competencia. Esto genera inseguridad jurídica y afecta derechos adquiridos de quienes ya invirtieron en franquicias inmobiliarias, oficinas y equipos de trabajo”, explicaron.
Además, remarcaron que la ley “prohíbe trabajar a quienes no estén matriculados bajo condiciones impuestas por el colegio, comprimiendo el mercado al máximo y eliminando la libertad de asociación”.
Desde el sector advirtieron que, de aprobarse la reforma, el mercado inmobiliario se achicaría y quedaría bajo control de un grupo reducido de operadores.
“El resultado será un mercado más caro, cartelizado e ineficiente, donde los precios de las propiedades tenderán a subir y se paralizarán sectores asociados como la construcción, la escribanía y los desarrollos inmobiliarios”, sostuvieron.
Asimismo, informaron que, aunque hoy en Salta solo funciona una franquicia (RE/MAX), había al menos tres más que proyectaban desembarcar en la provincia y que frenaron sus inversiones a la espera de lo que resuelva el Senado.
La Cámara ya solicitó reuniones con senadores y presentó notas formales para exponer el impacto de la iniciativa. “No se trata de defender intereses sectoriales, sino de evitar que Salta quede aislada en un marco legal obsoleto, restrictivo y contrario a la modernización que exige el mercado”, enfatizó García Malbrán.
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