La ordenanza aprobada anoche busca eximir del pago de las tasas de Publicidad y Propaganda; de Ocupación del Espacio Público; y la de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene a los negocios y comercios que están cerrados a raíz de la cuarentena obligatoria. La medida establece que estos comercios podrán pagar solo el 50% de esos tributos municipales, por el plazo de 90 días.
La autora del proyecto, Frida Fonseca, argumentó que “el proyecto tiene como fin colaborar y ayudar a un sector muy valioso para la sociedad que está tremendamente golpeado, que han tenido que cerrar sus puertas sin poder prestar servicios y no han podido seguir con su actividad laboral de la forma en que habitualmente lo hacen”.
Es importante señalar que la edil justificó las propuestas incluidas en el proyecto de ordenanza en las opiniones e inquietudes que les acercaron desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta con el objeto de amortiguar el impacto que tiene en los negocios esta pandemia.
Más adelante indicó que “es necesario evitar un daño en el erario municipal, no obstante, la Municipalidad debe estar presta a solidarse, a brindar ayuda a los sectores más afectados. Reducir la presión fiscal es un elemento válido para poder ayudar a superar este mal trago de la sociedad”.
De la misma forma, Fonseca explicó que “son medidas fiscales extraordinarias hasta que termine la cuarentena y se revitalicen los sectores afectados. Únicamente, está dirigido a aquellos comercios que durante la pandemia no han podido abrir sus puertas”.
Sobre este punto, detalló que “el cobro de tasa es constitucional cuando hay una contraprestación efectiva, no siendo constitucional cobrar una tasa a un comercio que ha estado cerrado por un servicio de imposible prestación. No se hicieron inspecciones de seguridad e higiene, ni propaganda y no se hizo uso de vía pública. Simplemente, le estamos dando formalidad a un derecho constitucional de los comercios”.
Por último, la concejal destacó el punto que plantea la “reducción impositiva para cuando termine la cuarentena y tendrán que hacer frente a los gastos en un 100%. Por eso, propongo que se les cobre el 50% durante tres meses posteriores a la duración de la cuarentena”
En contra posición, la concejal Laura García, expuso que “aunque es lógico que no se le puede pedir que paguen impuestos a un sector que no estuvo en actividad, desde el Ejecutivo informaron que la recaudación cayó un 40% y la coparticipación en un 20%, por lo cual con este proyecto se desfinanciaría a la Municipalidad. Vamos a dejar sin obras ni posibilidad de pago a los empleados al municipio. Yo no voy a poner palos en la rueda a ningún gobierno. Siempre voy a estar en defensa de los empleados. No voy a ser parte del desfinanciamiento de la Municipalidad. Si este proyecto va a producir esto, yo voy por la negativa, el proyecto está bien presentado pero no es el momento. Pido que sea devuelto a comisión”.
Sumó al debate la concejal Susana Pontussi quien señaló que “algunos negocios no han entrado en cuarentena pero han tenido una caída brutal en sus ingresos y ventas de entre un 40 y 50% de la recaudación”. En este sentido recordó que “el Concejo Deliberante cuenta con los mecanismos para hacer condonaciones a quienes lo necesiten”.
El concejal Córdoba explicó que “el municipio tiene otros mecanismos para recurrir para garantizar los servicios e incluso el pago de los empleados. El comerciante que desde el 16 de marzo cerró sus puertas también está desfinanciado”, advirtió.
Más adelante, el concejal José Gauffin expresó su desacuerdo con la Comisión Legislativa “porque se han excedido en sus funciones, no advierto en nuestro reglamento que puedan dictaminar sobre temas de Hacienda. Éticamente debería haber vuelto a la comisión para su tratamiento. Hemos dado sin querer una atribución que no le es propia”, señaló y agregó que “la preocupación de los autores del proyecto es honesta, por la crisis que estamos viviendo todos en el país. El comerciante no se va a fundir porque le eximamos de $ 600 mensuales, tenemos que pensar en otra forma de ayudar”
“Los problemas que tienen los comerciantes no lo vamos a resolver con $ 600 mensuales, hay que reformar el código tributario para que sea una herramienta de estímulo a la reactivación económica después de la pandemia. Esos $600 mensuales son importantes para la Municipalidad. La recaudación de abril fue de 10 millones cuando lo previsto son 190 millones, la Municipalidad no va a poder enfrentar las erogaciones”, alertó y pidió: “Tenemos que ser responsables como cogobierno y evaluar bien los números. Les demos la posibilidad de ser solidarios a quienes puedan pagar. La actividad que no pueda pagar no los pagará porque tienen un instrumento”.
Luego de un extenso e histórico debate –la sesión se realizó por primera vez, de manera virtual- se aprobó la Ordenanza. La duda ahora es saber qué decidirá el Departamento Ejecutivo Municipal, que ya tiene sus arcas muy disminuidas y esto se transformaría en un golpe letal para la recaudación.
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