La producción de biocombustibles afronta un difícil momento en el país. Las erráticas políticas para el sector de la anterior gestión dejaron a los productores al límite, ya que se trata de un mercado regulado y los valores fijados por el Gobierno no cubren hoy los costos de producción. Desde la Liga Bioenergética de las provincias, entidad que agrupa a las provincias y empresas productoras, solicitaron una audiencia con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con la intención de plantearle el duro escenario que enfrentan. Aseguran que, de no mediar cambios, podrían llegar incluso a producirse despidos masivos en la actividad.
En medio de ese escenario, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, mantuvo ayer en Rosario, Santa Fe, un encuentro con Verónica Geese, directora ejecutiva de la Liga Bioenergética . En la oportunidad analizaron la situación del sector, que particularmente en Salta genera trabajo para alrededor de 1.700 personas en forma directa y otras 1.700 de manera indirecta. Cabe recordar que los principales actores de la actividad en la provincia son los ingenios Seaboard (ex Tabacal ) y San Isidro; aunque hay numerosos proyectos para sumar volumen de producción utilizando como materia prima el maíz, en lugar de la caña de azúcar.
Entre otras cosas, la Liga Bioenergética demanda un aumento del corte para desarrollar las industrias regionales y como alternativa para reducir las importaciones. Además, propone modificaciones de las fórmulas que ponen precio al litro de bioetanol y al biodiesel. Por este motivo, presentará un proyecto de ley para que se regule la actividad desde una óptica federal.
De los Ríos reafirmó la importancia de apoyar a este sector que “agrega valor a la producción primaria, cuidando a la vez el ambiente”. Asimismo, destacó el potencial de Salta en este sentido.
El sector enfrenta además el lobby de la industria petrolera, que quiere derogar el régimen que los obliga a cortar las naftas con un 12% y al gasoil con un 10% de biocombustibles. Si se avanzara en ese sentido se pondría en riesgo la actividad de 54 plantas situadas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), donde se generan hoy más de 60.000 fuentes de trabajo.
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