La Provincia cerró el 2018 con los números en equilibrio y había proyectado en el Presupuesto 2019 tener cierta holgura financiera para encarar la gestión. Sin embargo, la recesión económica está impactando con fuerza en los recursos fiscales, lo que obligó a replantear todas las proyecciones aun cuando recién se está transitando el segundo mes del año.
¿Qué hizo el Gobierno para capear el mal momento? Apeló a la misma receta que aplicó en noviembre de 2017 y que resultó sumamente eficiente para volver a la provincia en la senda del equilibrio: aplicó una amplia batería de medidas de contención del gasto. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 233, que lleva la firma del gobernador Juan Manuel Urtubey y de todos los miembros del Gabinete. Alguna de las medidas que contempla son:
- Se congelan los salarios de los funcionarios a partir del rango de subsecretario de Estado, en toda la Administración Pública y sociedades y empresas del Estado.
- No se autorizarán incrementos en los honorarios de los contratos de servicios, consultoría y obras.
- Se suspenden todas las comisiones de servicios al exterior y las que se realicen dentro del país que requieran el pago de pasajes aéreos.
- Se prohíben nuevas designaciones, interinatos, modificaciones de estructuras, cargos o funciones que impliquen un incremento de la partida de Personal.
- Se intimará a jubilarse a los empleados en condiciones de hacerlo.
- Se prohíbe el pago de comidas o refrigerios para el personal del Estado; además de los gastos de recepción, cortesía, homenaje o similares.
- Se suspendió hasta el 10 de diciembre la emisión de cheques diferidos.
- Se ordena a los funcionarios responsables procurar mantener el valor de los alquileres que se paga para el funcionamiento de oficinas del Estado.
- Se suspende hasta el 10 de diciembre la adquisición de bienes de uso con recursos provinciales.
- Se suspendió el uso de vehículos oficiales fuera del horario de 8 a 18.
- Se ordenó a todos los organismos de la Administración Pública elaborar una proyección anual de Gastos, cuyo cumplimiento será supervisado y monitoreado, para evitar la aparición de gastos “sin sustento presupuestario y financiero”.
Finalmente el decreto hace responsable a las áreas financieras de cada organismo del cumplimiento de la norma; y advierte acerca de sanciones a quienes no se ajusten a su contenido.
A diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2017, en esta ocasión el “ajuste” no fue informado en conferencia de prensa ni en forma masiva.
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