La industria del pan pide ayuda de “excepción” al Gobierno Nacional para salir de la crisis

Aseguraron que la cuarentena profundizó la crisis del sector, que a pesar de ello no despidió trabajadores. Pidieron ayuda del Estado para pagar los sueldos.

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A través de un comunicado la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines pidió que la actividad sea enmarcada en el DNU 332 que emitió el presidente Alberto Fernández, lo que le permitiría acceder a beneficios fiscales que le permitan superar la crisis del sector. En el documento los industriales panaderos recordaron que si bien fueron autorizados por el Gobierno nacional a desarrollar su actividad durante la cuarentena, la industria viene con un deterioro económico importante,  que la pandemia ha agravado.


Pese a ello, las panaderías no han efectuado despidos ni suspensiones de empleados, aunque se les hace muy dificultoso seguir pagando sueldos y contribuciones patronales. “No es que cada vez ganamos menos, sino que cada vez perdemos más”, detallaron.

Al repasar las causas de su crisis, los empresarios recordaron que las materias primas sufren aumentos permanentes, casi sin control alguno; y que dos servicios fundamentales para la actividad como luz y gas aumentaron en forma desmesurada en la gestión anterior. También advirtieron que aunque las contribuciones patronales son muy altas, la industria no fue alcanzada por las detracciones que se aplicaron en otras actividades, y ahora tampoco por el DNU 332.

En el comunicado explicaron que la industria tiene productos de muy baja rentabilidad y otros de alta rentabilidad. Pero la crisis económica provocó que prácticamente sólo se consuman los primeros. A ello hay que sumar que por el coronavirus se redujo el horario de atención en casi todas las provincias; y que muchas empresas que eran proveedores de colegios y escuelas públicas y privadas hoy están sin poder vender.


Por todo eso, solicitaron ser incluidos dentro de las empresas en crisis contempladas en el DNU 332, para poder mantener al personal, que parte de sus salarios sean pagados por el Estado y que las contribuciones patronales tengan una reducción de hasta el 95%.

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