La actividad minera en Salta no oculta su preocupación por la posibilidad de que se reimplanten las retenciones para la actividad, tal como fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la discusión por el Impuesto a las Ganancias. “Sería una decisión lamentable” afirmó sin vueltas el vicepresidente de la Cámara de Minería local, Rodrigo Frías, quien recordó que hace apenas 11 meses el Gobierno Nacional había dejado sin efecto esta medida.
“El problema con las retenciones es que nos quitan competitividad a un sector que necesariamente debe proyectar a largo plazo”, advirtió, y puntualizó que “en la agricultura, yo puedo arrendar un campo y a los seis meses ya tengo la primera cosecha. En la minería, en cambio, desde que comienzo a explorar en busca de algún mineral hasta que comienzo a ganar dinero, pueden llegar a pasar 15 o 20 años”.
Frías indicó que, si se confirma la vuelta de las retenciones, “esto seguramente va a generar la postergación de inversiones y del desarrollo de la actividad minera”. Luego recordó que “en Salta hay un par de proyectos metalíferos que se encuentran en etapa de factibilidad y que estaba previsto pasar a la etapa de desarrollo en muy poco tiempo”, y planteó dudas sobre la posibilidad de que esas inversiones puedan concretarse.
Luego contó que junto a la Cámara Argentina de Empresas Mineras, las cámaras de Minería de otras provincias, los secretarios de Minería de las provincias y la AOMA (Asociación Obrera de la Minería Argentina), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, se encontraban trabajando en la redacción de un documento que tenían previsto entregar hoy a los senadores nacionales que analizarán en comisión el proyecto que fue aprobado por Diputados. “Nos estamos organizando entre todos, porque esto afecta mucho a las provincias; esto sería asfixiar el posible desarrollo de la actividad”, sostuvo.
Al trazar un escenario de la actividad minera en la provincia, el dirigente empresario señaló que “hay algo más de 30 empresas funcionando, que abarcan desde la explotación de áridos en la zona de los Valles y la producción de boratos en la cordillera, hasta numerosas empresas que realizan trabajos de exploración en busca de nuevos yacimientos”. Luego agregó que “lo que más nos preocupa es que esto afectaría a cientos de familias en la Puna, donde es muy difícil conseguir fuentes de trabajo”.
Finalmente, Frías expresó que “albergamos la esperanza de que la discusión sea sana y no haya la apetencia de utilizar la política para lo que no necesitamos. El bien común también significa crear condiciones de prosperidad y crecimiento para todos, y esta medida sería regresiva y condicionaría el desarrollo de nuevos proyectos mineros y de las fuentes laborales”, concluyó.
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