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Se presentó en Salta un informe que revela que más de 570.000 personas –un poco más de un tercio de la población provincial, estimada en 1,4 millones– viven en situación de pobreza estructural. Aunque el número bajó significativamente en los últimos 40 años, la provincia se mantiene entre las más afectadas del país.
Según el estudio, la pobreza estructural descendió del 65% registrado en el censo de 1980 al 40% actual. La caída de 25 puntos porcentuales responde principalmente a inversiones públicas en educación, salud, vivienda y saneamiento. Sin embargo, los avances resultaron insuficientes para revertir las desigualdades históricas.
El doctor Jorge Paz, docente e investigador principal del CONICET y responsable del informe destacó, en diálogo con IN Salta, que “la pobreza estructural bajó mucho desde 1980, pero todavía afecta a más de medio millón de salteños. Las mejoras se deben a la acción del Estado en infraestructura básica. El problema es que fueron inversiones parciales: por eso seguimos con niveles altos de privación”.
Brechas con el resto del país
El estudio señala que Salta y las provincias del NEA presentan las tasas más altas de pobreza estructural en Argentina. El Producto Bruto Interno per cápita provincial ronda los 7.000 dólares, la mitad de la media nacional (13.000) y muy por debajo de jurisdicciones como Tierra del Fuego o Ciudad de Buenos Aires, que superan los 30.000.
“Son desigualdades económicas profundas que ayudan a explicar la situación social”, subrayó el especialista.
Políticas focalizadas
El informe propone reemplazar programas generales por políticas focalizadas, según las privaciones que predominan en cada uno de los 24 departamentos de la provincia. “En algunos hay que priorizar Educación, en otros Vivienda, en otros Saneamiento. Con recursos escasos, conviene orientar las inversiones hacia las necesidades específicas de cada zona”, indicó el economista.
De aplicarse estas medidas, estima que en pocos años la pobreza estructural podría reducirse a la mitad. “La pobreza severa podría bajar al 7% y la total, del 40% actual a un 20%. Son metas alcanzables: ya existen provincias argentinas que lo lograron”.
El hacinamiento como urgencia
El estudio identifica al hacinamiento como la privación más grave a nivel provincial. “No se trata solo de incomodidad: es un problema de privacidad, de desarrollo emocional, educativo y de salud. Niños y adolescentes en esas condiciones ven limitada su capacidad de progresar”, advirtió el experto.
La propuesta es impulsar créditos para ampliación de viviendas o construcción de casas populares, especialmente para familias con empleos informales o sin acceso al sistema financiero.
“Con políticas públicas enérgicas y bien dirigidas, la pobreza puede seguir bajando. La clave está en entender que no hay soluciones generales: cada departamento de la provincia tiene urgencias distintas”, concluyó.
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