El comunicado que difundieron pone en conocimiento la grave situación que atraviesan las 23.467 panaderías que hay en el país y que generan 136.000 puestos de trabajo. En el envío señalan“la necesidad imperiosa de que se declare la emergencia nacional de las panaderías argentinas, dado que en los últimos años cerraron 2.163 panaderias a lo largo y ancho del país, la pérdida de los puestos de trabajo que esta crisis conlleva es catastrófica, por ese motivo ponemos en conocimiento a las autoridades correspondientes el siguiente pedido a los fines de tener una solución urgente”.
Para sostener la industria panadera del país, desde el sector, los empresarios solicitan: “Tarifa diferenciada en los servicios de electricidad, gas natural y gas envasado para las provincias, y agua; harinas grasas y margarinas con precios diferenciales para el mercado interno, ya que todos nuestros principales insumos están dolarizados; la no aplicación de la resolución N°50/2019 del Ministerio de Hacienda que aumentó los intereses punitorios y resarcitorios de la AFIP; la incorporación de las panaderías argentinas a la ley 128/2018 que asiste y beneficia a las economías regionales del NOA y NEA”.
Más adelante, en el documento al que tuvo acceso IN Salta, y que lleva la firma de Miguel Di Betta, como presidente de la Federación, los empresarios panaderos piden “prórrogas para el pago de obligaciones impositivas, y de la seguridad social, regímenes especiales para el pago de las mismas, créditos a tasa subsidiada del Banco Nación destinados a la producción”.
Además, insisten en que la Afip formule convenios de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones, en base a los regímenes especiales que se dispongan; que quede suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados; y que los aportes patronales queden exentos por el periodo de dos años”.
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