El Gobierno nacional movió una ficha fuerte en el tablero comercial de las zonas de frontera y abrió un debate que en Salta promete seguir creciendo. A través del Decreto 438/2026, publicado el jueves en el Boletín Oficial, oficializó un nuevo régimen que habilita la instalación de tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres, bajo un esquema similar al “duty free”, pero aplicado a cruces internacionales del norte argentino.
La medida había sido reclamada de manera directa por el gobernador Gustavo Sáenz y apunta, según la visión oficial, a ordenar y reactivar la economía de frontera, especialmente en puntos donde el comercio informal y el contrabando vienen siendo un problema estructural desde hace años.
En la práctica, el régimen autoriza la venta minorista de mercaderías nacionales y extranjeras a viajeros que ingresen o egresen del país, siempre bajo las reglas del régimen de equipaje. Eso significa que seguirán vigentes los topes, franquicias y controles aduaneros ya establecidos para quienes cruzan las fronteras.
Para provincias como Salta, donde el movimiento comercial con países vecinos es cotidiano, el impacto potencial es evidente. El decreto pone en foco pasos calientes como Aguas Blancas-Bermejo, Salvador Mazza-Yacuiba y otros puntos del norte donde el flujo de mercadería existe desde hace años, aunque muchas veces fuera del sistema formal.
La apuesta del Gobierno es blanquear, regular y controlar un circuito comercial que ya funciona de hecho, pero con altísimo nivel de desorden. Bajo esta lógica, las tiendas libres de impuestos podrían ayudar a formalizar parte de ese movimiento, generar algo de empleo y atraer un turismo de compras más ordenado.
Pero apenas se conoció la letra fina de la medida, empezó también la reacción del empresariado local. Y lejos de reaccionar con entusiasmo, de la sorpresa inicial se pasó rápidamente a la desilusión.
Desde Tartagal, el ex presidente del Centro Empresario, Franco Galeano, fue uno de los primeros en salir a marcar distancia. Según planteó, la novedad generó expectativa al principio, pero al revisar los detalles apareció una sensación muy distinta. Su mirada es que este esquema no traerá el derrame económico que necesitan realmente las localidades de frontera.
El cuestionamiento central pasa por quiénes terminarán capturando el beneficio. Para Galeano, el modelo favorece a grandes empresas que obtienen concesiones para explotar los “duty free”, pero sin generar un impacto profundo en la economía local. La crítica es directa: una firma de afuera instala el local, toma unos pocos empleados y concentra el negocio, sin multiplicar oportunidades para el entramado comercial existente.
En contrapartida, desde el sector empresario insisten con otro camino: la reglamentación efectiva de la Ley de Zonas de Frontera, que permitiría aplicar beneficios impositivos diferenciales para una gran cantidad de comerciantes y emprendedores locales, en lugar de concentrar ventajas en pocas concesiones.
Ahí está, justamente, el punto más polémico de la discusión. Mientras Nación vende la medida como una herramienta para combatir el contrabando y ordenar el comercio fronterizo, el empresariado norteño la ve como una respuesta parcial, limitada y bastante alejada de lo que venían reclamando.
El fondo del problema sigue siendo el mismo: cómo generar desarrollo real en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, con costos altos, competencia desigual con países vecinos y una economía formal cada vez más exigida.
Por eso, aunque el anuncio abre una nueva etapa para las fronteras, el debate recién empieza. Porque una cosa es habilitar un “duty free” en la frontera y otra muy distinta es convencer a los comerciantes de que eso alcanzará para cambiar la realidad económica del norte.
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