La Federación Argentina de Productores Tabacaleros se encuentra en estado de alerta ante los extraños fallos judiciales que están avalando maniobras de empresas que pretenden pagar menos impuestos a los cigarrillos, perjudicando así al sector primario y recortando en miles de millones de pesos la recaudación del Estado Nacional.
La entidad tomó conocimiento de que la compañía tabacalera multinacional British American Tobacco Argentina (BAT) presentó un recurso de amparo para dejar de tributar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos establecido por una Ley Nacional de 2017. Además de tratarse de una maniobra que pretende eludir una Ley Nacional; de ser exitosa, generaría serios perjuicios a la salud pública y a la sostenibilidad de las economías regionales tabacaleras, al tiempo que recortaría en 10.000 millones de pesos la recaudación fiscal.
Un atado de 20 cigarrillos paga hoy 46 pesos como mínimo, en concepto de impuestos internos. Dicho monto se actualiza cuatro veces al año por inflación, e impone un piso al precio de los cigarrillos con dos objetivos: elevar los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que reciben los productores tabacaleros y las economías regionales del Norte Grande y aumentar la recaudación fiscal que perciben tanto el Gobierno Nacional como las provincias por los impuestos al tabaco.
BAT pidió ser eximida del pago del impuesto mínimo a fines de 2018, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la Dra. Rita María Ailán; Jueza; Secretaría Nº 7 a cargo de la Dra. Priscila Zanniello. Un fallo favorable a BAT, además de generar un fuerte perjuicio fiscal, recortaría en más de 2.000 millones de pesos los aportes al Fondo Especial del Tabaco y pondría en peligro miles de puestos de trabajo del sector productivo.
Este recurso presentado por BAT tiene un antecedente en medidas cautelares otorgadas a las tabacaleras Sarandí y Espert, por las cuales dichas empresas fueron eximidas del pago del impuesto mínimo y pueden vender sus productos a precios extremadamente bajos. En el caso de Sarandí, la medida fue otorgada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo número IV a cargo de los jueces Marcelo Daniel Duffy, Jorge Eduardo Morán y Rogelio Vicenti en disidencia, en septiembre de 2018.
En este contexto, la AFIP ha presentado sus argumentos contra la suspensión del pago del correspondiente tributo por el perjuicio que esto ocasiona a los ingresos nacionales y antepuso recursos para que la Corte Suprema de Justicia revise el caso, para lograr que Sarandí pague todos sus impuestos. Sin embargo, a la fecha no se han logrado avances en este sentido, y la medida cautelar -que tiene una vigencia de seis meses desde su aprobación- se ha prorrogado sucesivamente, y hoy sigue vigente.
De sumarse BAT a las medidas cautelares ya otorgadas a Sarandí y Espert, el total de los ingresos que dejaría de percibir el Estado Nacional rondaría los 20.000 millones de pesos.
Adicionalmente, BAT podría vender cigarrillos de marcas mundialmente conocidas - Lucky Strike, Camel, Rothmans y Pall Mall- a precios extremadamente bajos y así ganar participación de mercado, como ya lo hizo Sarandí. Por esta inequidad, el resto de las compañías tabacaleras podría replicar la solicitud de Sarandí y BAT, generando una fuerte caída en el precio de todas las marcas de cigarrillos y, consecuentemente, en la recaudación de impuestos al tabaco y en el FET.
Por todo esto, la Federación de Productores Tabacaleros insta fervientemente a la Justicia Federal a denegar la medida cautelar solicitada por la multinacional BAT y pide al Estado Nacional una urgente intervención para evitar generar un mayor perjuicio a los ya golpeados productores y trabajadores de la cadena de tabaco, que supera el millón de personas en todo el país.
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