El pasado martes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno Nacional, a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, había decidido prohibir a municipios y otras entidades "colgarse" de las facturas de servicios públicos como la energía eléctrica para cobrar tasas municipales y otros servicios.
La medida, que fue interpretada por muchos en clave política (porque afectaría a muchos intendentes del Conurbano bonaerense opositores al Gobierno Nacional), también generó repercusiones en Salta. En diálogo con CNN Radio Salta, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, admitió que el anuncio "podría llegar a ser traumático para municipios y empresas". En su opinión, además, la medida está destinada a corregir abusos detectados en Buenos Aires y aclaró que "en Salta no existe un esquema que implique violaciones al usuario". Esto último, explicó, se debe a que hace dos años, el Ente Regulador intervino en una situación similar, garantizando a los usuarios la correcta información y protegiendo sus derechos. "Hemos intervenido y asegurado que no se incluyan rubros ajenos a los servicios de energía en las facturas, y estamos en regla", explicó.
Por otra parte, el funcionario expresó su preocupación por el plazo de 30 días establecido por la Nación para que los municipios se adapten a la nueva normativa. “No hay manera que lo puedan hacer en 30 días, no puede hacerse de una manera tan intempestiva", afirmó. También alertó por la situación de la empresa Aguas del Norte, que obtiene el 85% de su recaudación a través de la boleta conjunta con Edesa.
Saravia recordó que en Salta los usuarios tienen la oportunidad de "desvincular" las tasas municipales de la boleta de Edesa, pero reconoció que la cantidad que solicitó no es significativa. “Salvo que esté muy comprometido en su economía doméstica, en Salta el usuario no sale a descolgar algún rubro, porque no es que con descolgar usted no paga nunca más", expresó. Por último, subrayó que la provincia seguirá analizando el impacto de esta normativa en conjunto con otros organismos y municipios.
Tu opinión enriquece este artículo: