La Unión Industrial de Salta salió a marcar posición frente al proyecto de ley de “Economía Circular de los Plásticos” que actualmente analiza la Cámara de Diputados de la provincia y pidió una revisión más profunda de varios de sus puntos.
La entidad presentó una nota formal dirigida al presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, en la que expresó su preocupación por el contenido de la iniciativa y expuso la mirada de los sectores industriales y productivos que representa en Salta. La presentación lleva la firma del presidente de la UIS, Eduardo Gómez Naar.
Desde la UIS dejaron en claro que no cuestionan los objetivos de fondo vinculados al cuidado ambiental, la sostenibilidad y el avance hacia modelos de economía circular. De hecho, remarcaron que distintos sectores industriales vienen trabajando desde hace años en reciclado, gestión de envases post consumo y mejora de procesos productivos.
Sin embargo, el planteo de la entidad pasa por otro lado: sostienen que el proyecto, tal como está redactado, no recoge de manera integral la posición consensuada del sector industrial a nivel nacional ni toma suficientemente en cuenta experiencias comparadas que, según afirman, dieron mejores resultados en otros contextos.
Uno de los ejes centrales de la observación es la necesidad de que una regulación de estas características se encuadre dentro de una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Para la UIS, avanzar con normativas provinciales descoordinadas podría abrir la puerta a distorsiones, afectar la competitividad de las economías regionales y complicar el comercio entre jurisdicciones.
La entidad también manifestó su acuerdo con avanzar en esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor, aunque advirtió que esos mecanismos deberían construirse con metas graduales, razonables y técnicamente viables, además de contemplar la totalidad de los materiales y una articulación real entre el sector público y el privado.
Entre las observaciones puntuales, la UIS puso el foco en el artículo 9° del proyecto. Allí señaló que el beneficio fiscal previsto sería hoy inaplicable por una razón concreta: la insuficiente disponibilidad nacional de rPET food-grade, un insumo clave para ciertos procesos industriales. En ese punto, también propuso incorporar mecanismos de revisión ligados a las condiciones reales del mercado, ampliar el alcance al rPET certificado proveniente del Mercosur e impulsar incentivos que fortalezcan la capacidad recicladora nacional.
Más allá de las diferencias planteadas, desde la Unión Industrial señalaron que el objetivo de la presentación es contribuir al debate legislativo con una mirada técnica y constructiva, y no bloquear la discusión. En esa línea, solicitaron una reunión con autoridades de la Cámara para ampliar fundamentos y colaborar en la construcción de una norma que, según expresaron, sea verdaderamente eficaz, sostenible y compatible con la realidad productiva de Salta y del país.
El planteo abre así una discusión que excede el proyecto puntual: cómo avanzar en nuevas exigencias ambientales sin perder de vista la viabilidad técnica, el contexto de la industria y el impacto que estas regulaciones pueden tener sobre la competitividad de empresas que operan en economías regionales como la salteña. En ese equilibrio entre sustentabilidad y producción, la UIS buscó dejar un mensaje claro: el sector acompaña la transición hacia modelos más responsables, pero pide que las reglas se diseñen con criterios realistas y en coordinación con el marco nacional.
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