Las pequeñas y medianas empresas de Salta atraviesan un momento financiero delicado. Según un informe de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), una de cada diez pymes de la provincia presenta dificultades serias para cumplir con sus obligaciones bancarias.
El estudio, elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central a diciembre de 2025, indica que el 10% de las empresas salteñas se encuentra en situación crediticia 3, 4 o 5, categorías que reflejan niveles crecientes de morosidad y riesgo de incobrabilidad.
Ese porcentaje ubica a Salta por encima del promedio nacional, que se sitúa en el 7,7%, y la coloca entre las jurisdicciones con mayores niveles de mora del país. En el Norte Grande se observa una tendencia similar: Jujuy y Misiones registran una morosidad del 10,8%, Catamarca del 10,1% y Chaco del 9,8%.
La clasificación del Banco Central establece cinco niveles de comportamiento de pago. Mientras la situación 1 corresponde a clientes que pagan normalmente, a partir de la situación 3 —con atrasos superiores a 90 días— el crédito comienza a considerarse de recuperación incierta. En las situaciones 4 y 5, con atrasos superiores a 180 días, la deuda ya presenta alta probabilidad de incobrabilidad o incluso puede derivar en procesos judiciales, concurso preventivo o quiebra.
Además del problema financiero inmediato, ingresar en estas categorías tiene consecuencias adicionales para las empresas. La firma queda registrada en la Central de Deudores del BCRA, una base pública que consultan todas las entidades financieras, lo que dificulta el acceso a nuevos créditos y profundiza las dificultades de liquidez.
El informe también advierte que el deterioro de la morosidad PyME se aceleró durante 2025 en todo el sistema financiero. La proporción de empresas en situación irregular prácticamente se duplicó en un año, pasando del 3,84% al 7,67%.
El acceso al financiamiento tampoco resulta sencillo. Salta concentra apenas el 2,1% del crédito PyME del país, muy por debajo de las principales jurisdicciones. Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe reúnen el 72,7% del total del financiamiento bancario destinado a este segmento.
A esto se suma el alto costo del crédito. En enero de 2026 la tasa de adelantos en cuenta corriente para pymes se ubicó en torno al 57,5% anual. Con una inflación esperada cercana al 21%, el financiamiento implica una tasa real positiva cercana al 30%, un nivel históricamente elevado para el sector.
El resultado es una combinación compleja: tasas altas, menor acceso al crédito y presión creciente sobre la cadena de pagos, factores que explican el aumento de las dificultades financieras que hoy enfrentan muchas pymes salteñas.
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