El escándalo estalló durante el fin de semana del Milagro y había logrado movilizar a grupos ambientalistas y vecinos de Cafayate por igual. Una empresa minera había comenzado a realizar enormes movimientos de suelos en la zona de La Yesera, en el corazón de la Quebrada, lo que generó alerta y preocupación, por tratarse de una zona de reserva natural.
Ayer, sin embargo, las cosas volvieron a su lugar. Según informó oficialmente el Gobierno de la Provincia a través de un comunicado, “guardaparques de la Provincia paralizaron las actividades que realizaban en el lugar al haber detectado irregularidades en las tareas en el área mencionada, procediendo a labrar un acta de forma instantánea con el objeto de impedir precautoriamente que continúen con los movimientos debido a que estaban alterando el ambiente en una zona protegida”.
Luego detalló que “en ese marco el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, envió una comisión de especialistas integrada por técnicos de la Secretaría de Minería, quienes constataron junto a Guardaparques de la Secretaría de Ambiente y Policía con asiento en Cafayate, la ubicación de los yacimientos mineros y corroboraron que se estaban llevando a cabo actividades que no estaban permitidas de acuerdo al permiso otorgado por el organismo correspondiente”.
El permiso que poseía la empresa operadora, Mina Franco, era para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
La documentación indica que la empresa comenzó su inscripción el 11 de marzo de 2014 en el Juzgado de Minas. El decreto ley 6806/95 instituyó en los Valles Calchaquíes tres áreas naturales de preservación, recreación y turismo, entre las cuales se encuentra la Reserva Natural Manejada de la Quebrada de Cafayate. Esta tiene como zona de influencia la ruta nacional 68, entre Las Dunas y Alemanía, incluyendo el Río de Las Conchas.
En noviembre de 2017 el concesionario presentó la renovación de la Mina Franco, siendo aprobado por resolución 016/18, habilitándola para exploración superficial. Posteriormente en febrero de 2018, el concesionario ingresó al Juzgado de Minas una solicitud de permiso para la etapa de explotación, el cual fue analizado por la Secretaría de Minería y rechazado por insuficiente.
Desde el Ministerio se concluyó que “el concesionario actuó irresponsablemente, incumpliendo los compromisos asumidos en su declaración jurada y los reglamentos de la Secretaría de Minería”. Y se agregó que “la actuación de los Guardaparques al paralizar las actividades en forma precautoria, fue totalmente acertada. El concesionario no cumplió con las recomendaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizando operaciones absolutamente ilegales en relación al permiso otorgado y no está inscripto en el Registro de Exploradores, lo que podría generar a la empresa, multas, suspensión de la DIA, reparación de daños, clausura temporal o inhabilitación para la actividad minera”.
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