El Consejo de Ciencias Económicas pide cambios en la ley de lavado de activos (y preservar a los profesionales)

La institución salteña prende las alarmas y pide involucrar a sectores idóneos para enfrentar este delito desde las bases. Dicen que como el delito trasciende los Estados, debe ser encarado en forma global.

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En el Congreso de la Nación se trata una modificación a la ley de Prevención y Persecución contra el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas aprovechó la oportunidad y presentó a legisladores nacionales de Salta un proyecto que pide la creación de un cuerpo especial de auditores, que se postulen de manera voluntaria.

El lavado de activos es la base de una rama de otros delitos más complejos que ponen en riesgo a toda la comunidad. Desde la institución se advierte que los grupos terroristas o mafias que usan las finanzas para limpiar los bienes obtenidos de forma ilegal, ponen en riesgo a particulares.

La vicepresidenta de la entidad, Hermosinda Eguez, respondió a las consultas de IN Salta sobre el tema.  

-¿De qué se trata o qué plantea el proyecto de reforma a la ley de Lavado de activos? 

-Lo primero que decimos es que prevenir, perseguir, condenar el delito y tratar de rescatar socialmente a los delincuentes es un rol exclusivo e ineludible del Estado que no debe delegar en los particulares poniéndolos en riesgos inadmisibles.

En lo que nos interesa a los profesionales en ciencias económicas, el proyecto de reforma de la ley de prevención de lavado de activos nos mantiene como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas ante la UIF, si bien es cierto con expresa mención de respetar el secreto profesional, deber/derecho consagrado en la Constitución Nacional y con reconocimiento jurisprudencial. 

-¿Por qué es necesario reformar esta Ley? 

-La reforma de la ley debiera tender a ser más efectiva en combatir desde el Estado el delito de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Es por ello que, en lo que respecta a los profesionales en ciencias económicas proponemos: 

 “Que se disponga por ley la constitución de un cuerpo especial de auditores sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, que contemple las siguientes exigencias mínimas:

1. Constituido por profesionales que voluntariamente se postulen de distintas disciplinas universitarias con antecedentes suficientes a juicio de un Tribunal imparcial, independiente e integrado por personas con suficiente idoneidad. Todo el proceso mediante un concurso público y transparente. 

2. Cumpliendo una capacitación permanente obligatoria. 

3. Con mecanismos de “protección” a sus integrantes (protección de la que carecen totalmente quienes -con el texto de la ley vigente- resultan sujetos obligados). Debidamente remunerados acorde a la tarea riesgosa que realizarían”.

-¿Es una cruzada en solitario o son varios los colegios que se unieron en este pedido? 

-Existen distintas expresiones en el mismo o similar sentido de otras profesiones como los escribanos que hasta recurrieron a la justicia. Lo más importante es que adhieren a nuestra postura los colegas que ejercen la profesión con una obligación extra, con costos elevados que no se pueden trasladar al cliente, labor para la que no estamos preparados.

No es de nuestra incumbencia (según la ley nacional que rige nuestras profesiones) prevenir ni perseguir el delito y lo más grave es que nos ponen en riesgo a nosotros y a nuestras familias frente a delincuentes globales, peligrosos y sin límites. 

-¿Cuentan con apoyo de nuestros representantes nacionales? 

-Hemos enviado nuestra postura a representantes nacionales en el convencimiento de que seremos escuchados; en particular los diputados Carlos Zapata y Pamela Calletti se han interesado profundamente en el tema. Los senadores seguramente tendrán en cuenta que Salta, con tan amplias fronteras, debe neutralizar la acción de narcos, traficantes y delincuentes de tamaña gravedad.

Coincidiremos que esa lucha es propia del Estado constituyendo una irresponsabilidad poner en riesgo a los particulares como sujetos obligados frente a delincuentes que justamente actúan con mucha preferencia en tales geografías. 

-¿Qué representa esto para el sector empresario y comercial? 

-Para los sectores empresarios, incluido el comercial, cuando por su parte también resultan sujetos obligados (por la envergadura de sus operaciones o por el tipo de actividad) tienen que afrontar los altos costos de cumplir con la obligación legal y, en la mayoría de los casos (por ejemplo, los fiduciarios de los fideicomisos), los mismos riesgos inadmisibles que ya hemos mencionado.

En tal sentido opinamos que el Estado con toda su potencialidad y ayudado por el cuerpo interdisciplinario que hemos mencionado al inicio del presente, debe orientarse a fiscalizar y controlar las fronteras y las actividades que son potencialmente propensas a la intervención de los lavadores de activos. De esta manera, cuidarán a todos los ciudadanos. 

-¿Esos costos tendrán repercusión en las finanzas o contabilidad más doméstica? 

-El riesgo con más el costo de cumplir con la ley es elevado. No solo inscribirse ante la UIF sino poner en práctica todas las resoluciones generales y particulares para cada sujeto obligado entre los que se encuentran empresas, profesionales, organismos del estado, entre otros.

Las obligaciones incluyen capacitaciones, manuales de procedimientos, aplicar tales procedimientos, archivos, contar con tecnología adecuada y una larga lista de etc. No nos cabe ninguna duda que el delito de lavado debe ser encarado en forma global porque trasciende a los Estados, no obstante, el rol le cabe al Estado, que como piedra fundacional tiene la de satisfacer necesidades públicas ineludibles, combatir el delito que es una de ellas.

    

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