La preocupación empresaria por la presión fiscal sobre las pymes volvió a escalar y esta vez sumó un actor de peso nacional. CAME le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que ARCA suspenda embargos y ejecuciones fiscales contra pequeñas y medianas empresas, en un planteo que coincide con el reclamo que ya había hecho la Cámara de Comercio e Industria de Salta.
El eje de la advertencia es claro: en un contexto de consumo deprimido, costos en alza y dificultades para sostener la actividad, avanzar con embargos sobre cuentas y cobranzas puede empujar a muchas firmas a una situación todavía más delicada.
En su presentación, CAME también solicitó que durante el período de espera previsto en la futura modificación de la Ley de Inocencia Fiscal no se apliquen multas a las pymes. Además, propuso que, si la empresa regulariza su obligación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, la sanción se reduzca en un 50%. Recién vencida esa instancia sin cumplimiento debería aplicarse la multa completa.
Pero el punto más sensible del pedido pasó por las medidas cautelares. La entidad reclamó expresamente la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para el sector pyme, al considerar que el actual contexto exige preservar el entramado productivo antes que seguir asfixiando financieramente a empresas que ya vienen golpeadas.
Junto con eso, CAME pidió la implementación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. También propuso que el esquema incluya deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes vigentes y planes caídos.
El planteo nacional refuerza así una preocupación que en Salta ya venía expresándose con fuerza desde la Cámara de Comercio e Industria, que advirtió en los últimos días sobre los efectos que los embargos de ARCA tienen sobre el funcionamiento normal de la actividad comercial en la provincia.
La coincidencia entre ambas entidades deja ver que el problema ya no es percibido como una dificultad aislada, sino como una amenaza concreta para miles de pymes que están tratando de sostenerse en un escenario de ventas débiles, estructura de costos cada vez más pesada y acceso limitado al crédito.
En otras palabras, el reclamo ahora sumó volumen político y empresarial: primero fue la Cámara de Comercio de Salta, ahora se sumó CAME. Y el mensaje de fondo es el mismo: si no se frena esta presión, muchas pymes pueden quedar al borde de un daño difícil de revertir.
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