El gobernador Gustavo Sáenz llevó a las máximas autoridades de ARCA y Aduanas el reclamo que viene creciendo entre comerciantes y municipios del norte salteño por las nuevas restricciones aplicadas al régimen de tráfico vecinal fronterizo.
El mandatario planteó personalmente al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, la necesidad de revisar la normativa. Durante el encuentro, ambos se comunicaron además con el director general de Aduanas, José Vélis, para trasladarle la posición de Salta.
En el centro de la discusión está la Resolución General 5910/2026 de ARCA, publicada el 9 de octubre y vigente desde el día siguiente, que modificó las reglas que permiten a residentes de países limítrofes adquirir mercadería en localidades argentinas de frontera bajo un régimen simplificado.
El cambio más significativo es económico: desde ahora, independientemente de la cantidad, variedad o calidad de los productos, cada poblador puede egresar mercadería por un valor máximo de US$ 150 por día.
La resolución también amplió las prohibiciones. Bajo este régimen no pueden salir del país combustibles transportados en bidones, tanques suplementarios u otros envases; trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas; ni mercadería presentada en envases de 10 kilos o más, o su equivalente en volumen. También continúan excluidos productos cuya exportación esté prohibida o suspendida y determinados elementos como armas, explosivos y sustancias cuya comercialización no esté autorizada.
ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de contar con herramientas más claras de fiscalización y evitar maniobras de fraccionamiento de compras, reiteración sistemática de operaciones y desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados. El propio Código Aduanero establece que el régimen vecinal está pensado para las necesidades de los habitantes de zonas fronterizas y no puede utilizarse con fines comerciales o industriales.
El problema, desde la perspectiva de Salta, aparece en el impacto que esas restricciones generan sobre localidades cuya actividad comercial depende en buena medida del movimiento cotidiano de compradores provenientes de Bolivia.
Sáenz planteó que es necesario mantener y fortalecer los controles para evitar abusos del régimen, pero pidió encontrar una alternativa que no termine perjudicando al comercio formal que funciona legalmente en las ciudades fronterizas.
La medida generó particularmente cuestionamientos en Aguas Blancas y Salvador Mazza, dos localidades donde el intercambio con Bolivia tiene una fuerte incidencia sobre el comercio y el empleo. Los municipios de ambas ciudades incluso promovieron una acción de amparo contra ARCA para intentar suspender los efectos de la resolución.
El planteo provincial se suma además al reclamo que vienen realizando cámaras empresarias y comerciantes del norte salteño, que advierten que limitar las compras fronterizas sin generar mecanismos alternativos de intercambio legal puede profundizar la caída de ventas y favorecer, paradójicamente, los circuitos informales que se intenta combatir.
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