El debate por el costo de la energía en el Norte Grande sumó un nuevo capítulo con la presentación de un proyecto de ley que busca crear un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para la región. La iniciativa fue impulsada por senadores del bloque peronista y apunta a reducir el peso de las boletas de luz en provincias donde las altas temperaturas, los menores ingresos y la falta de gas natural vuelven más crítica la situación.
El proyecto alcanza a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La propuesta parte de una idea central: que las tarifas tengan en cuenta las condiciones climáticas, geográficas y socioeconómicas del Norte Grande, donde el consumo eléctrico no responde solo a hábitos de uso, sino también a la necesidad de atravesar meses de calor extremo.
Según se explicó durante la presentación, el régimen prevé una reducción del 50% para usuarios residenciales de bajos ingresos, del 35% para usuarios de ingresos medios y del 35% para entidades de bien público. Uno de los puntos más relevantes del texto es que no fija topes de consumo subsidiado por bloques, sino que la reducción se aplicaría sobre la totalidad del consumo facturado en cada período.
Además, la iniciativa plantea que los aumentos de tarifa no puedan superar ni el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC ni el Índice de Precios al por Mayor. También incorpora un beneficio adicional para usuarios y entidades sin acceso a red de gas natural domiciliario, para quienes prevé una alícuota de IVA del 0%.
La explicación técnica del proyecto estuvo a cargo de Jorge Capitanich, quien remarcó que el Norte Grande representa un tercio de la superficie del país, concentra cerca del 20% de la población y reúne a unos 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas entre noviembre y abril. En ese contexto, señaló que la propuesta busca construir una herramienta permanente, basada no en el nivel de consumo sino en los ingresos de los usuarios.
El costo del esquema sería afrontado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica y por el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas de Usuarios Finales, con aportes de las distribuidoras de las provincias alcanzadas. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes reguladores provinciales.
Durante la presentación, varios senadores pusieron el foco no solo en el problema residencial, sino también en el impacto que el costo energético tiene sobre la actividad económica. Allí apareció un dato clave para provincias como Salta: la presión tarifaria no golpea únicamente a los hogares, sino también a pymes, clubes, productores y pequeños emprendimientos que dependen de una estructura de costos cada vez más difícil de sostener.
En ese marco, José Mayans advirtió que hay familias que ya no pueden pagar la luz y que esa situación también termina afectando a las pequeñas empresas. Lucía Corpacci, por su parte, sostuvo que la eliminación de subsidios volvió inviable el panorama para muchas provincias del norte, mientras que Florencia López remarcó que la región necesita una reparación frente a un esquema tarifario que no contempla su realidad.
La propuesta todavía deberá recorrer el trámite legislativo, pero ya dejó planteada una discusión de fondo: si la Argentina quiere sostener un desarrollo más equilibrado, el acceso a la energía en el Norte Grande no puede seguir midiéndose con la misma vara que en otras regiones del país.
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