Ante un plenario de senadores, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, brindó el pasado miércoles un detallado informe sobre la incidencia de los incrementos efectuados por Nación en la generación y transporte de energía, sumado al aumento tarifario aplicado por el Ente Regulador en la distribución del servicio; así como también de las distintas medidas que se fueron adoptando para morigerar el impacto de las nuevas tarifas en los usuarios salteños.
Allí admitió que si bien hay usuarios que tuvieron incrementos que exceden cualquier lógica, el grueso de los clientes del servicio domiciliario no deberán enfrentar boletas confiscatorias como se pretende instalar. El ministro subrayó además las medidas adoptadas para atenuar el impacto de la suba, entre las que mencionó el congelamiento por 120 días del aumento del 22% oportunamente concedido a EDESA; la extensión de 30 a 60 días del plazo para los cortes de luz y la posibilidad de pagar la boleta en 3 cuotas sin interés o en 6 cuotas con el interés más bajo del mercado, además de ordenar que se troquelen las próximas facturas para que cada usuario decida que componente de la misma abonar.
En su exposición Camacho desmintió publicaciones de redes sociales que a su entender dieron sustento a informes periodísticos, que presentan parcialmente el tema tarifas, con comparaciones que no reflejan la realidad del costo en Salta, que a diferencia de otros distritos, ofrece una tarifa social que es muy accesible y abarca a un amplio porcentaje de la población.
Concretamente señaló que en Salta existen 380 mil usuarios del servicio eléctrico, de los cuales 342 mil son residenciales y 28 mil son comerciales, además de otras categorías.
Dijo que el componente energético englobado en cada factura comprende cuatro ítems, la generación, el transporte, el valor agregado de distribución y el aspecto impositivo. Aclaró que tanto en generación como en el rubro incidencia del alumbrado público, los aumentos fueron dictados por el estado nacional en un 3.253%, además de aumentos en transporte, otorgado por el Ente Nacional, que fueron del 1.500% a Transener y del 2099% a Transnoa.
En el caso de Salta esos aumentos representan en la facturación el 45% para generación y 5% para transporte, siendo el 50% restante el valor de distribución que cobra EDESA, que asumió el compromiso de invertir US$29 millones en 3 años y cuyo último aumento fue aplicado en enero de 2024 en 3 partes, una del 78% y dos del 11,84% que fueron suspendidas por 120 días.
Residenciales y comerciales
En el caso de los usuarios residenciales, a diferencia de Nación y otras provincias, Salta tiene un sistema solidario de financiamiento, donde se distinguen 4 categorías, la N1 (altos ingresos y valor de $132 hora) que agrupa a 63 mil usuarios, un 17% del total; N2 (bajos ingresos y valor de $29,29 hora) que agrupa a 84 mil usuarios, un 22% del total; N3 (ingresos medios y valor de $33,61 hora) que agrupa a 61 mil usuarios, un 16% del total y una cuarta, que es la Tarifa Social (valor $21,28 hora), que agrupa a 135 mil usuarios, un 35% del total y que sumada a la N2 contiene al 57% de todos usuarios.
Con esa distinción trazó una serie de ejemplos con otras provincias evidenciando que solo para el caso de los usuarios de categoría N1, Salta tiene la mayor tarifa, ocupando en los segmentos N2 y N3 lugares muy por detrás del puesto diez a nivel nacional, sin poder comparar la tarifa social que es un rubro que la mayoría de las demás provincias no poseen y que hacen que en concreto el promedio de la tarifa sea de $54,15 hora, contra distritos como Jujuy donde es de $56,51 o Mendoza donde se cobra $61,96.
En esa línea de comparación dijo que en marzo pagaron hasta $5 mil 65357 usuarios, un 19,1%; hasta $10 mil 119.400 usuarios, un 34,9% y así una escala que marca que solo 15.108 usuarios, es decir el 4,41% pagó una factura de más de $50 mil, solo en el componente eléctrico.
También aclaró los tres de subsidios existentes, que son uno nacional cruzado para todas las categorías; otro llamado Fondo Compensador de Tarifa, por el cual 11 mil ONG y entidades de bien público tienen costo cero en el servicio y el tercero que aplica la provincia, que es el subsidio de tarifa para zonas cálidas y abarca a usuarios residenciales de Anta, Güemes, La Candelaria; Orán; Rivadavia; San Martín y localidades de Metán y Rosario de la Frontera, que tienen 30% de descuento en la tarifa si son N1, N2 y N3 llegando el descuento al 50% en el caso de Tarifa Social.
Para el rubro comercial, donde existen 28 mil usuarios, dijo que en Salta pagan $113 quienes contratan potencia menor a 205KW; $109 quienes contratan hasta 2000 KW y $116 quienes contratan más de 2000KW. Aquí el promedio de costo es menor que en Mendoza y levemente mayor que en Jujuy, con la aclaración que en ese distrito la suba de tarifas se dará este mes.
En este rubro dijo que el 82% de los usuarios recibieron facturas de hasta $100 mil y 5.043 usuarios, es decir un 17,61%, facturas mayores a ese monto.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión de Obras Públicas e Industria, Diego Cari y contó con la participación de los senadores, Jorge Soto, Walter Abán, Walter Cruz, Javier Mónico, Daniel D’Auria, Leopoldo Salva, Sergio Saldaño, Alejandra Navarro, Luis Altamirano, Enrique Cornejo, Leonor Minetti, Gonzalo Caro Dávalos, Manuel Pailler, Carlos López, Dani Nolasco, Héctor Calabró y Esteban D’Andrea.
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