El presidente de Recursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa), Alberto Castillo, ratificó que la minería es una política de Estado en Salta, decisión que dio a la empresa un rol protagónico en el sector que generó más de 15.000 empleos.
Además de ser la “puerta de entrada” a los inversores interesados en instalarse en la provincia, procurando el desarrollo del sector y las condiciones para que Remsa se asocie con esos proyectos, la empresa cumple otras funciones como ser subdistribuidores de gas, participar en la construcción de infraestructura vial en un trabajo coordinado con Vialidad de Salta y organizar jornadas de capacitación.
Sobre lo primero hizo mención a más de 580 kilómetros de gasoductos están bajo el control de Remsa, como los de Anta, Puna y Fénix; puntualizó que la mayoría de los desarrollos y conexiones de redes domiciliarias son realizadas por la empresa.
Al hacer mención a la red vial, Castillo indicó que tienen previsto comenzar a trabajar en el desarrollo de más de 500 kilómetros de caminos minero: la ruta 129, la 27 de Salar de Pocitos a Tolar Grande, el bypass de la ruta 51 y el mantenimiento de algunos tramos que permitan el desarrollo de la actividad minera y una mejora de condiciones para las comunidades de la Puna.
El funcionario aclaró que la empresa no recibe fondos públicos (provinciales ni nacionales). “Nosotros, cuando licitamos las áreas, cobramos honorarios que se invierten directamente en infraestructura. Las prioridades las determina el Gobernador, pero estamos en un plan de obras inédito. Todos estos fondos vienen por la prestación de servicios que tiene Remsa con las empresas privadas; son fondos que vienen netamente de la minería. Remsa no toma ni los cánones, ni las regalías, no recibimos nada de eso. Solamente nos financiamos con servicios que prestamos al sector privado”, informó.
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