Distribuidoras eléctricas reclaman un marco regulatorio estable para fomentar las inversiones

Las distribuidoras demandan garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria para garantizar la prestación del servicio.

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Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, entre las que se encuentra EDESA, nucleadas en ADEERA atraviesan una difícil coyuntura económica en el marco de la actual pandemia producto del COVID 19.


No obstante ello, aseguran que se activaron los protocolos de trabajo para garantizar el servicio, reafirmando el compromiso con sus usuarios y sabiendo lo esencial que resulta el servicio eléctrico para toda la sociedad.

“Es por ello que la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector”, garantizan en un comunicado.

Este escenario se sostiene a pesar de la importante caída en la recaudación de los últimos meses y de las dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio.

“Todo esto se ve potenciado por el hecho que las distribuidoras tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios, a través de planes de financiación, postergación de los cortes por falta de pago e inclusive reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, como así también la implementación en tiempo récord de sistemas de atención virtual”, advierten.

En este sentido, resulta necesario aclarar que del importe total de las facturas de electricidad que reciben los usuarios, sólo el 30%, en promedio, corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que representa el único ingreso que reciben las distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes que permiten mantener el servicio eléctrico. Asimismo, el VAD no se actualiza desde hace dos años en la mayoría de las distribuidoras del país, ya sean estas públicas, privadas o Cooperativas, en un contexto de inflación.

“La problemática resulta de tal magnitud que dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión del mismo, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales”, denuncian.


En este contexto y teniendo en consideración las particulares características de esta actividad, ahora más que nunca las distribuidoras requieren garantizar el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo.

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