El pasado miércoles 11 de Septiembre se practicaron dos allanamientos en la ciudad, en donde se secuestraron celulares, computadoras y herramientas para la realización de trabajos de electricidad. En uno de los domicilios se encontraron además siete plantas de cannabis sativa, 260 semillas de la misma especie y casi 200 mil pesos entre moneda nacional y extranjera. Por este último motivo tomó intervención la División Drogas Peligrosas y a su turno deberá hacerlo la Justicia Federal.
La Fiscalía solicitó la detención de ambas personas, a quienes se los imputó por el delito de robo de energía eléctrica, por lo que podrían ser condenados con penas de hasta 6 años de prisión. Uno de ellos, identificado como E. Munizaga, ex alumno de la Escuela Técnica Einstein, se abstuvo de declarar. La Fiscalía interviniente pidió una medida de mantenimiento de la detención de los imputados, por lo cual permanecerán detenidos en la Alcaidía de la Provincia hasta tanto se resuelva su situación procesal y continúa investigando la causa para determinar si existen elementos para la detención e imputación de otras personas relacionadas. De estas acciones podría derivar la detención de quienes hayan resultado contratantes de estos servicios.
El fraude en las instalaciones eléctricas es considerado delito por la ley penal y prevé penas de hasta 6 años de prisión. Los usuarios que contratan a los oferentes de estas maniobras ilícitas también incurren en delito de hurto y defraudación y pueden recibir las mismas condenas, además de abonar el servicio consumido y una severa multa por las maniobras de fraude en los medidores o instalaciones asociadas.
No es el primer caso
El año pasado, una mujer debió hacer trabajo comunitario y pagar más de $100.000 por colgarse de la luz. Se trató de un comercio en Villa Chartas, cuya dueña se había colgado del servicio y resultó imputada por el delito de defraudación. La mujer, de iniciales “E.R.”, fue descubierta por los inspectores de Edesa y por ello fue denunciada penalmente y llevada ante la Justicia. Para evitar ir a juicio, debió pedir la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado de Garantías N° 1 le concedió la medida, pero debió pagar la suma $ 104.000, hacer trabajo comunitario, someterse a reglas de conducta y presentarse periódicamente ante la Secretaría de Suspensión de Juicio a Prueba, con la amenaza que si incumple alguna de las consignas, se le podría revocar el beneficio y terminar en juicio oral y público. Lo mismo ocurrió con un vecino de la localidad de Las Lajitas que por colgarse de la luz, además de tener que pagar lo adeudado a Edesa y la multa por el fraude, debió someterse a las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Garantías de J.V. González y hacer donaciones mensuales al Hospital local.
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