El pasado lunes se armó un enorme revuelo en el sector vitivinícola nacional por el anuncio –difundido a través de los medios de comunicación-, de que el Gobierno de Bolivia había prohibido por 90 días la importación de uvas y vinos argentinos. Aunque el vecino país no es un mercado relevante para las exportaciones argentinas, se temió que esta acción pudiera ser un efecto contagio de las restricciones anunciadas por el Gobierno de EEUU al limón argentino y se comenzara así con una escalada con final poco claro.
La aclaración, sin embargo, llegó ayer, cuando el director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia, Mauricio Ordóñez, aclaró que la decisión del Gobierno de La Paz comprende exclusivamente al ingreso de uva de mesa de Argentina y Chile, y no aplica a vinos y singanis. Según explicó, la prohibición se debe a que este año el sector vitivinícola boliviano –instalado fundamentalmente en la región de Tarija- tendrá una buena producción.
“Queremos proteger la producción nacional que se encuentra en el período de la vendimia, este año habrá una fuerte cosecha, se espera más de 55.000 toneladas de uva en los próximos 90 días. Esto implica un incremento del 30%, y es suficiente para garantizar el mercado nacional”, informó Ordoñez.
El funcionario boliviano cuestionó, además, la información difundida el pasado lunes. “La medida asumida por el Gobierno solo corresponde a la restricción del ingreso de uva (fruta fresca), y no así a la importación de vinos y singanis. Quienes importan esos productos pueden seguir haciéndolo”, aseguró.
Consultadas fuentes del sector vitivinícola salteño, explicaron que “afortunadamente esto no nos afecta. En Salta se vinifica el 99% de la producción de uvas, y el resto se consume en el mercado interno. La más afectada, en todo caso, será la provincia de San Juan, donde se produce la casi totalidad de la uva de mesa que se consume en el país”, precisaron.
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