El plan fija compromisos entre la Nación y las provincias para "establecer mecanismos de coordinación para la formulación y la ejecución de la política energética, con el objetivo de avanzar hacia un sector energético más confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente sostenible".
El Consejo Federal de Energía, que estará presidido por el Ministerio de Energía e integrado por un representante de cada provincia y autoridades de las comisiones de Energía del Congreso, tendrá facultades para presentar propuestas para el desarrollo del sector. Este organismo tendrá a su cargo la armonización de los criterios regulatorios y tarifarios, la definición de niveles de calidad para los servicios y el intercambio de información para mejorar la operatividad del sistema.
El acuerdo que firmó la provincia de Salta junto con Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, y de Tierra del Fuego; consta de 10 cláusulas fundamentales.
Entre los principales puntos acordados, se destacan los que apuntan a diversificar la matriz energética a través del incremento de la participación de energías limpias y renovables, el desarrollo y utilización de biocombustibles y de la energía nuclear, junto a sus tecnologías asociadas, y la tarifa social.
Se pondrá en marcha, además, un Plan Energético Estratégico con participación del Consejo y áreas de consulta a otros protagonistas de la actividad, en cuyo marco se incluirán criterios de eficiencia, diversificación, integración regional, desarrollo sostenible y seguridad energética.
Otra de las cláusulas hace referencia al cambio climático, en cuyo marco se impulsarán medidas para que la actividad considere el cuidado del medio ambiente en sintonía con el compromiso internacional de la Argentina con el Acuerdo de París COP 21.
En cuanto a los hidrocarburos, el Gobierno coordinará e impulsará la política nacional en materia de exploración y explotación, en coordinación con las provincias.
Se buscará generar seguridad jurídica para las inversiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas y se desarrollará una política de tarifas y precios previsibles y estables que aseguren la calidad en la prestación del servicio.
El acuerdo establece que se mantendrá una tarifa social para los sectores más vulnerables y que los precios deberán retribuir los costos económicos de los bienes y servicios.
También se llevarán a cabo programas y políticas de ahorro y eficiencia energética, a la vez que se fomentará la utilización de tecnologías y de buenas prácticas que promuevan el ahorro en el consumo en hogares, comercios, industrias y transporte.
Las restantes cláusulas abarcan cuestiones que tienen que ver con roles y organización; el Consejo Federal de Energía; los entes reguladores y las empresas del Estado; y los aspectos tributarios.
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