La industria salteña entró este jueves en una de esas jornadas que nadie quería ver, pero que varios venían anticipando desde hace semanas. Desde las 6 de la mañana, las empresas industriales de la provincia quedaron con restricción total de gas, una situación que obligó a frenar la producción en decenas de establecimientos y encendió una nueva señal de alarma sobre el impacto que puede tener esta crisis sobre el empleo y la actividad.
La medida llegó después de varios días de recortes crecientes. Apenas tres jornadas antes, la restricción era del 50%. Ahora, el consumo permitido cayó a cero, dejando a buena parte del entramado industrial salteño sin uno de los insumos básicos para sostener sus procesos productivos.
Desde la Unión Industrial de Salta ya venían advirtiendo que este escenario podía concretarse. El vicepresidente de la entidad, Julio Fazio, había anticipado que una restricción total del suministro obligaría a detener la producción, especialmente en empresas donde el gas no es un insumo reemplazable ni fácilmente sustituible.
El problema, según explicó, no pasa solamente por la disponibilidad física del recurso, sino por el costo al que hoy se ofrece el gas alternativo. Mientras históricamente el gas natural licuado rondaba los 12 dólares por millón de BTU, hoy se comercializa cerca de los 25 dólares. Para ponerlo en perspectiva, el gas de Vaca Muerta para una industria argentina se ubica alrededor de los 4,50 dólares por millón de BTU.
En otras palabras, para muchas empresas el gas existe, pero a un precio que directamente no pueden pagar. Y ahí aparece el núcleo del problema: frente a valores multiplicados por seis respecto de los de referencia, buena parte de la industria no tiene margen para seguir operando con normalidad.
El impacto no es uniforme, pero sí profundo. En algunos casos, la producción debe frenarse por completo. En otros, como el de la industria cerámica, los hornos tienen que mantenerse al mínimo para evitar una parada total, ya que apagarlos implicaría después unos diez días para volver a ponerlos en funcionamiento.
Ese tipo de situaciones muestra que la restricción no solo afecta el presente inmediato, sino también la capacidad de retomar ritmo productivo una vez que el suministro se normalice. Para industrias de proceso continuo, el costo de detenerse no termina cuando se corta el gas.
Lo que vuelve todavía más delicado el panorama es la dimensión laboral. Según la advertencia de la UIS, las empresas alcanzadas por esta restricción sostienen alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos en la provincia. Eso convierte al problema energético en mucho más que una dificultad operativa: lo transforma en una amenaza concreta para la actividad, la estabilidad empresaria y el empleo formal.
La situación deja así a la industria salteña frente a una escena crítica. Sin gas para producir, con costos energéticos que resultan inviables y con la obligación de frenar o reducir operaciones, el sector vuelve a chocar contra un límite que no depende de demanda, inversión o capacidad productiva, sino del acceso mismo a la energía.
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